La reforma educativa entró en vigor en 2013 y fue la primera de las reformas estructurales que impulsó el actual gobierno federal al entrar en funciones. Se justificó en un contexto de alumnos con bajos logros educativos, concesiones excesivas a los trabajadores de la educación y a sus dirigencias nacional y estatales arropados por un sindicato con gran poder, distribución de recursos a partir de negociaciones poco claras entre autoridades estatales y sindicales, asignación de plazas con criterios patrimonialistas y deficiencias organizativas en el sistema educativo.
Este contexto fue el status que durante varias décadas y hoy se busca acabar con él. Las resistencias no se han hecho esperar. Para su implementación esta reforma recibió un nuevo impulso cuando Aurelio Nuño fue nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En enero de este año, él mismo publicó una columna periodística con la ruta que seguirá la reforma educativa durante el 2016. Los cambios propuestos por esta reforma son fundamentales a nivel presupuestal, programático y operativo.El Secretario comparó a estos cambios con un giro de 180 grados porque tocará a prácticamente todos los componentes del sistema educativo del país. Como explicó el funcionario, la reforma no sólo trata de la evaluación de los docentes, sino de revolucionar toda la gestión del sistema educativo y en ello, no sólo han de intervenir las autoridades facultadas, sino los directivos de escuelas, los docentes, los padres de familia y los propios alumnos.
Entre las acciones que se llevarán a cabo, celebro en particular la incorporación de mecanismos de transparencia con la intención de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestales y las obras que se lleven a cabo para mejorar la infraestructura en las escuelas del país. Sin embargo, la transparencia puede ir más allá de las cuentas del ejercicio de gasto en infraestructura.
La reforma se propone cambiar toda la gestión del sistema educativo, por ello la transparencia debería estar presente en cada etapa de la misma, en todos los niveles de gobierno y en todos los rincones del país.
La información pública podría jugar un importante papel en esta reforma. Por un lado, la información pública será el insumo para incorporar al debate y en la toma de decisiones a los actores que ya he mencionado.
Por otro lado, permitirá a los padres tomar mejores decisiones sobre la educación de sus hijos. Además, podría detonar un proceso de rendición de cuentas de cada uno de los actores involucrados: profesores, directores y servidores públicos de las administraciones locales y federal.
En síntesis, la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas pueden ser una de las fuentes de legitimidad de esta reforma y una muestra de la voluntad del gobierno federal de implementarla en diálogo cotidiano con la población. La población desea involucrarse en la reforma educativa, como lo muestran las solicitudes de información que ha recibido la SEP. En particular, durante los primeros meses de este año, ante la inconformidad de un par de ciudadanos, propuse dos resoluciones que fueron apoyadas unánimemente por mis colegas comisionados para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El primer paso de la reforma fue la evaluación de los docentes, pero aún resta un gran trecho por recorrer. La transparencia debe acompañar cada paso de esta reforma y la población así lo ha dejado saber, los dos recursos de revisión que expuse son ejemplo de ello.
Para que la reforma educativa logre su objetivo, contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, la mejor forma de atajar resistencias es respaldar con información pública cada uno de los pasos que se dan. El reclamo social es por un México diferente y mejor para las actuales y nuevas generaciones. Educación y transparencia son necesarias para lograr ese México que todos anhelamos.
Fuente : http://e-tlaxcala.mx/articulo/2016-03-31/educacion-y-transparencia#sthash.ai6JYCo1.dpuf
Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.
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